Además, el estudio determina que son pocas las mujeres que acceden a una interrupción voluntaria del embarazo, menos del 1%, a pesar de la nueva legislación que permite el aborto en tres situaciones: cuando la vida o la salud de la madre está en riesgo, cuando el feto presenta una malformación y cuando el embarazo resulta de una violación o incesto, según la sentencia de la Corte Constitucional de 2006.
Los procedimientos utilizados por las mujeres, indica el estudio, incluyen la ingesta de misoprostol-Cytotec (Píldoras), el recurso a una partera tradicional, profesionales medianamente capacitados y hasta la intervención de la propia madre, aumentando los riesgos y obligando a un tercio de ellas a buscar atención médica posterior al aborto.
La directora de la Fundación Oriéntame y coautora del informe, Cristina Villareal, destacó “la necesidad de eliminar obstáculos institucionales y burocráticos para las mujeres que buscan un procedimiento legal en la interrupción de su embarazo”.
El informe recomienda fortalecer los servicios anticonceptivos, mejorar la cobertura y calidad de los servicios postaborto e implementar la sentencia de la Corte Constitucional para el aborto legal. Considera además que es importante prestar una atención especial a las mujeres que viven en las zonas rurales y en situación de pobreza, porque son las que presentan mayores complicaciones y obstáculos.
Fuente: Blog Profamilia Colombia
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